COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SUONTRAJ

25 feb 2011

VENEZUELA: SECRETOS DE TRIBUNALES




Está de anteojo que la mentalidad militar y política de Águila 1 no conoce esencialmente de las interioridades de comisiones judiciales, de direcciones ejecutivas de la magistratura, u otros intríngulis técnico jurídicos. Pero, para eso, tiene a su gran componedor, a un José Vicente que en las trastiendas del poder le susurra, le señala, le recomienda, sobre estos aspectos del gobierno judicial del Socialismo del Siglo XXI

Tribunal Bipolar. Es obvio que la reciente designación de la Directiva del Tribunal Supremo de Justicia pone a pelear a dos magistradas por la asunción real del poder en la Justicia venezolana. Está de anteojo que la mentalidad militar y política de Águila 1 no conoce esencialmente de las interioridades de comisiones judiciales, de direcciones ejecutivas de la magistratura, u otros intríngulis técnico jurídicos. Pero, para eso, tiene a su gran componedor, a un José Vicente que en las trastiendas del poder le susurra, le señala, le recomienda, sobre estos aspectos del gobierno judicial del Socialismo del Siglo XXI. Y fue en una reunión en la madrugada del martes pasado donde se fraguó todo: se dejó a Luisa Estella en la Presidencia del TSJ, pero se le puso el marcaje, la contra, la balanza, en cabeza de la abogada de Chávez, la Dra. Gladys Gutiérrez, quien de ex procuradora general pasó a ser la mandamás de los despachos en el país, al ser designada, desde Miraflores, presidenta de la Comisión Judicial del Máximo Tribunal. Este es, realmente, el ente que representa la única instancia de designación y defenestramiento de cuanto juez hay en Venezuela. Desde esa Comisión se quita y se pone a presidentes de Circuito, jueces Rectores, distribución de causas, suplentes, jubilaciones, y últimamente hasta prohíbe desalojos de arrendatarios y deudores hipotecarios morosos, con el solo firmazo de un oficio. En fin, el control de los casi 10 mil trabajadores del Poder Judicial en el País. Por lo que no es banal esta designación. Es ella, la real noticia judicial actualmente

 
 Y es que el poder omnímodo de la Dra. Morales llegó a su fin. Los 320 jueces que se dice destituyó con su sola firma, es un haber bastante ruin, con toda su carga ominosa. Sus suspensiones sin goce de sueldo a jueces titulares, sin que hubiese el más mínimo procedimiento disciplinario, habla mal de quien dos veces fue destituida y dos veces fue reenganchada. Pero, también, en la perspectiva política de su función, desde arriba observan que la cantidad de opositores judicializados y que ahora hay que soltar por el hambre estudiantil, se debe, en parte, a los enjuiciamientos enredados y mal hechos de jueces dizque del “proceso” que no saben de proceso, ni de procedimientos, ni de nada. Aunado a ello, se nos dijo, vendrán cambios en el aspecto administrativo de la gestión Morales, específicamente en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Las deudas laborales, la adquisición de equipos y el deterioro de la estructura física de los palacios de justicia es un débito muy grande. La reunión de la Plena de este miércoles defenestró las aspiraciones de un diputado cesanteado, hombre de la Dra. Morales, que no fue aceptado para la DEM. Se avizora una guerra en Dos Pilitas, similar a la que existía entre Mora y Velázquez, cuando el primero fue nombrado presidente del TSJ y el segundo en el real cargo con poder en el TSJ. Huele a una salida honorable: la inminente jubilación de la yaracuyana para irse a un destino consular. Por cierto que no es la única que se irá. Zerpa, Jaimes, Coronado y hasta el propio Dugarte, se anotarán a esa opción. No quieren estar en el TSJ para finales de 2012. Desde el conflictuado Medio Oriente, el ahora embajador Mostafá, se los ha sugerido.
 
Combinación letal. Después de entrada en vigencia el COPP, los Fiscales del Ministerio Público tomaron control de la investigación criminal y se convirtieron de la noche a la mañana en los titulares de la acción penal. Ningún delito cometido se investiga ahora si el Ministerio Público no se activa para ello, pues si le dejamos a la policía esa función, echan a dormir cada caso donde no hay “biyuyo”. Eso es del dominio público y es lo que sucede. Es lo que está pasando en todo caso donde haya dinero de por medio que investigar. Si hay plata, la policía amenaza con investigar profundo y para ello realiza lo necesario para que así lo perciban los investigados y se pongan pilas para frenar la acción investigativa. Si les ofrecen dinero se los arrancan de la mano, y si no, los extorsionan con poner en claro tooodoo y echarlos a la calle utilizando la prensa, y hasta amenazan con que saldrá en Aló Presidente contado por el mismísimo como un “hallazgo” de su gobierno. Lo más grave es que ahora concurren letalmente fiscales y policías, lo que aumenta el peligro, sobre todo cuando se trata de una invención truculenta para sacar plata fácil a gente con poder económico. Esto último que es lo mismo que extorsionar, pues aunque el investigado presunto pueda justificar de dónde provino su patrimonio, “agua derramada no hay quien la recoja”. 
 
Pero la vida es un péndulo. La vida del hombre en su mundo real, ese apotegma se traslada también a las instituciones, pues al fin y al cabo éstas son manejadas por el hombre finito e imperfecto. Así, el Tribunal 5ª de Control del Circuito Penal del Estado Vargas dictó medida privativa de libertad contra el fiscal del Ministerio Público, Leonardo Goncalves, por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con un remitido de prensa difundido por la Fiscalía, Goncalves habría sido capturado y puesto a la orden de los tribunales por encontrarse relacionado en el supuesto desvío de dos vehículos (Porsche y Jaguar) a un destino distinto al estacionamiento habilitado en el sector Tanaguarenas, que funge como depositaria de automóviles recuperados por robo, hurto e ilícitos administrativos.
 
Durante la audiencia de presentación los fiscales 57º nacional y 55 auxiliar nacional, Luis Abelardo Velásquez y Eduardo Colmenares, respectivamente, imputaron a Goncalves por el delito de peculado doloso propio, previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción. Asimismo, una vez evaluados los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, la instancia judicial ordenó que Goncalves fuera recluido en el comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana, de ese estado
 
 
Injusticia insular. Un escandaloso caso penal movió a Margarita el año pasado: un terrible secuestro de toda una familia derivó en un enfrentamiento entre los secuestradores, degollando uno al otro. Pero el delincuente muerto es hijo de un abogado que controla, tipo tribu, a todas las instancias del Circuito Penal Neoespartano y ahora, ¡gran paradoja!, el Ministerio Público se prestó a un juego truculento, y después acusó como autores de la muerte del delincuente a quien antes había señalado como víctimas del secuestro. Un trueque pues: en la misma causa son víctimas y victimarios. Fin de mundo. Esperemos que la justicia se imponga.
 
Opacidad fiscal. Por razones justificadas, por razones personales o por simple presión, las instancias de delincuencia organizada, delitos de narcotráfico, bancarios y delincuencia económica en general, últimamente, está siendo asumida en el Ministerio Publico, por fiscales recién graduados, desconocedores de las más mínimas variables penales y procesales de estos delitos tan complejos. Ello, como consecuencia de la caída de los otrora fiscales del área que, ciertamente, se confabularon en negociados y presiones, frente a banqueros, empresarios, dueños de bingo, etc. Pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Se nos dice, por ejemplo, que la llamada Escuela de Fiscales, ya no es ni la sombra de lo que era antes, cuando la crearon. ¿Será todo esto por negligencia, por interés, o por desidia?
 
¿Procedimientos a la vuelta de la esquina?
 
* La demanda por cuantiosos bienes en Venezuela y en el extranjero, entre ellos, una importante industria de aluminio de Guayana entre la familia anterior y la nueva, de un importante dirigente político fallecido
 
* Dos divorcios, uno entre personeros de la oposición, él en el extranjero y ella gerenciando políticamente aquí; y el que de inmediato se entablará -aun cuando Águila 1 no lo quiere-, pero una joven dama se impone (le dicen “La Chilindrina”), entre un ministro y una parlamentaria, ambos rojos, rojitos
 
Preguntas juiciosas:
 
* ¿Será verdad lo de la inminente nulidad de la Ley de Emolumentos y que dictará la Sala Constitucional del TSJ?
 
* ¿Será cierto lo de la demanda de un importante locutor contra una compañía de seguros que es su cliente, dizque por enfermedad profesional?
 
* ¿Será cierto lo del vuelco, más escandaloso aún, que traerá en lo inminente el presunto parricidio y filicidio dizque realizado por un psicólogo guariqueño, en la capital?
 
* ¿Y qué será lo del divorcio que planteará la esposa, contra su cónyuge, un gobernador, sustentado en la causal de sevicia, alegando la dama “intimidad de convivencia de ese gobernador con un amigo”?
 
Los liberados. Es un hecho y ya fue estudiado por la Sala Situacional: Salen Afiuni, Sánchez Montiel, Forero y Simonovis. Se quedan los Guevara. Regresa Rosales y Lapi (exprofesamente, para dividir aún más el carato). Rehabilitan a López y se viene Oscar Pérez. Anótenlo. Es un hecho. Todo se hará entre las carnestolendas y la pascua.


VENEZUELA: TSJ INCONFORME


La Comisión Judicial pasa de las manos de Luisa Estella Morales a las de Gladys Gutiérrez Alvarado.


Por: Jessenia Freitez/@yeceg



La forma como fueron elegidas las nuevas autoridades del TSJ ha dado de qué hablar, no sólo por el hecho de que la magistrada Luisa Estella Morales haya sido reafirmada en su cargo, sino porque Gladys Gutiérrez, quien fue nombrada como magistrado apenas en diciembre pasado, ocupa uno de los cargos más importantes dentro de la directiva del TSJ, como es la presidencia de la Comisión Judicial.

Para la magistrada Blanca Rosa Mármol esas designaciones refuerzan el control de TSJ por parte del Gobierno, especialmente por la forma en que se hicieron las elecciones. "Resultaron electos para la directiva magistrados que apenas acaban de entrar en el TSJ. Como por ejemplo, Jhannett Madriz, quien estará al frente de la Sala Electoral; Ninoska Queipo, al frente de la Sala de Casación Penal y el magistrado Malaquías Gil, como vicepresidente de la Sala Electoral. En este tipo de elecciones lo más adecuado sería que se respetara la antigüedad", indicó la jurista.

Mármol tampoco estuvo de acuerdo en que la elección fuese hecha a mano alzada, pues a su juicio con este procedimiento "no se garantiza la libertad del voto".

Mármol está de acuerdo en que la designación de Gladys Gutiérrez le resta fuerza a la presidenta del TSJ. "Presidir la Comisión Judicial es encargarse de todo el Poder Judicial a escala nacional. Eso reviste la mayor importancia desde el punto de vista de la administración de justicia", agregó.

NO DIO LA TALLA

Los integrantes del sindicato que agrupa a los empleados judiciales (Suontraj), no están conformes con la nueva directiva del TSJ. Esto, porque "la gestión anterior, presidida por Morales ­considera Luis Galviz, presidente de la organización no fue favorable para los trabajadores del Poder Judicial".

"Desde 2007 no se discute la convención colectiva y ha sido imposible sentarnos con las autoridades actuales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), que fueron designadas durante la gestión anterior, para llegar a un acuerdo", explicó Luis Gálviz.

El sindicalista también explica que les deben desde el 1º de enero de 2007 las prestaciones sociales, los intereses y los fidecomisos.

"La arremetida contra la estabilidad laboral de los trabajadores ha sido directa, tan es así que desde las tres organizaciones laborales que hacemos vida hay 20 directivos sindicales despedidos", concluye.

FUENTE: TALCUALDIGITAL.COM

24 feb 2011

VENEZUELA: Morales se queda sin potestad para elegir a jueces provisorios



JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
jueves 24 de febrero de 2011  12:00 AM
La ex procuradora Gladys Gutiérrez preside desde ayer la Comisión Judicial
Cuando el río suena es porque piedras trae. Este refrán popular se cumplió al pie de la letra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde ayer no hubo sorpresas en sus elecciones internas y su actual presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales (Sala Constitucional), fue reelegida por segunda vez consecutiva. 

En la reunión de la Sala Plena, la primera del año, 31 de los 32 magistrados optaron por darle un nuevo bienio a la jurista yaracuyana, la cual única que se postuló. Fuentes del máximo juzgado aseguraron que sólo la miembro de la Sala de Casación Penal, Blanca Rosa Mármol de León, rechazó votar a mano alzada por Morales y por quienes la acompañarán en la directiva hasta 2013: Los magistrados Omar Mora (Sala Social), como primer vicepresidente; Jhannett Madriz (Sala Electoral), como segunda vicepresidenta; Evelyn Marrero (Sala Político Administrativa), Iris Peña (Sala Civil) y Ninoska Queipo (Sala Penal), como directores. 

Pese a su triunfo, la presidenta del TSJ desde ayer tiene menos poder en el Poder Judicial. ¿La razón? Se materializaron los anuncios que aseguraban que ya no encabezaría la Comisión Judicial y a los cuales fueron difundidos por El Universalen su edición de ayer. La instancia que se encarga del nombramiento y remoción de los jueces provisorios y temporales del país ahora es dirigida por la miembro de la Sala Constitucional y anterior procuradora general de la República, Gladys Gutiérrez. 

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal calcula que el 47% de los jueces que hay en Venezuela no son titulares, es decir que pueden ser removidos por la Comisión Judicial en cualquier momento sin explicación alguna. 

Precisamente los cientos de destituciones que se han producido desde 1999 han sido cuestionados por organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales consideran que atentan contra la independencia judicial y por ello le han exigido al TSJ que ponga fin a esta práctica y que le otorgue a estos arbitros la misma estabilidad de la que gozan sus pares que accedieron al cargo mediante concursos. 

Con respecto a los demás organismos del Poder Judicial (Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Inspectoría de Tribunales) no se tomó una decisión. "Esto se va analizar en la próxima reunión de la Sala Plena", aseguró uno de los magistrados consultados. 

Rechazan resultados 

Los resultados de las elecciones del TSJ no sentaron bien entre los representantes de los empleados judiciales. El presidente del Sindicato Unitario Organizado de Trabajadores de la Administración de Justicia (Sountraj), Luis Galviz, afirmó que "aspirábamos cambios profundos" y auguró que "la crisis en el Poder Judicial continuará, porque esta es la gestión que más ha desconocido los derechos de los trabajadores". 

Galviz recordó que desde 2007 permanecen sin convención colectiva y que no han podido sentarse a discutir con los responsables de la DEM, porque los últimos no quieren. Asimismo mencionó que en los últimos años decenas de trabajadores han sido destituidos sin razón alguna, incluidos algunos que gozaban de fuero sindical y/o maternal.

VENEZUELA: UN GRAN NÚMERO DE JUECES NO GOZAN DE ESTABILIDAD EN SUS CARGOS.





En el acto de Apertura del Año Judicial, celebrado el 5 de febrero, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, informó que en Venezuela hay 1.914 jueces, de los cuales 1.479 no gozan de estabilidad en sus cargos.
Estos últimos fueron designados, en 2010, de la siguiente manera: 206 provisorios, 858 temporales y 315 accidentales.
Los datos parecieran indicar que en apenas un año hubo un relevo de jueces por el orden de 77% y que a tal porcentaje ascendió el número de jueces que no gozan de estabilidad en sus cargos y son más vulnerables a presiones, pues fueron designados a dedo y no por concurso de oposición, como lo exige la Constitución.
Sin embargo, la magistrada también divulgó números que sugieren que los cambios decididos por la Comisión Judicial del TSJ solo afectaron a 107 jueces: 67 provisorios cuyas designaciones se dejaron sin efecto y 40 titulares suspendidos sin goce de sueldo.
A falta de mayores explicaciones, lo más claro es que los 1.479 jueces designados en 2010 solo conservarán sus cargos si acatan las líneas políticas impartidas desde el TSJ, específicamente a través del discurso del orador de orden en el acto de Apertura del Año Judicial, Fernando Vegas, quien instó a los administradores de justicia a contribuir con la construcción del socialismo en Venezuela.

COSTA RICA

Mercedes Chocrón fue uno de los primeros jueces removidos de sus cargos por la Comisión Judicial mediante un escueto oficio a través del cual le notificaban que su designación había quedado sin efecto.
Después de agotar todos los recursos ante los tribunales venezolanos, Chocrón denunció su caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana demandó al Estado venezolano y hoy se celebrará la correspondiente audiencia ante la Corte Interamericana, en San José de Costa Rica.
Es la tercera vez que el máximo tribunal hemisférico analiza la falta de independencia judicial en Venezuela por la inestabilidad de los jueces. El 5 de agosto de 2008, el Estado venezolano fue condenado por la destitución de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, y el 30 de junio de 2009 fue sentenciado otra vez por la destitución de la jueza María Cristina Reverón. En ambos casos, el Estado venezolano se ha negado a acatar lo decidido por la Corte Interamericana.
Rafael Chavero, abogado de Mercedes Chocrón, recordó que su remoción del cargo sucedió un día después de que realizó una inspección del sitio de reclusión del general Carlos Alfonso Martínez, como lo había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Se asumió que pretendía favorecer a un preso del Gobierno y, en represalia, se le destituyó“, afirmó Chavero.
En opinión del abogado, la mayoría de los jueces venezolanos son desechables: “A los que conducen el Poder Judicial les conviene mantener a los jueces bajo presión política y poder prescindir de ellos en cualquier momento y de un solo plumazo”.
Los datos divulgados por Luisa Estella Morales y el discurso de Vegas, comentó Chavero, serán presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como evidencias adicionales del deterioro de la justicia en Venezuela.

FUENTE: NOTICIAS24.COM

17 feb 2011

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: LA PARED.


Toda denuncia contra el Presidente Chávez rebota en el Tribunal Supremo: 68 decisiones demuestran cómo. Y este año la Fiscalía ya tiene luz verde para acusar a los denunciantes. Por Oscar Medina

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Como en un agujero negro, toda materia que tenga que ver con la pretensión de llevar a juicio al Presidente Hugo Chávez se desintegra o, en el mejor de los casos, rebota. El Tribunal Supremo de Justicia también opera como pared. O, como dice el diputado Guillermo Palacios: "Es, junto a la Fiscalía y la Contraloría, la gran lavadora de la corrupción y la impunidad". 

El asambleísta larense hace el señalamiento luego de revisar las sentencias del TSJ sobre solicitudes de antejuicios de mérito a importantes funcionarios públicos: "Todos los casos que involucran a figuras del alto Gobierno son decididos a su favor o están por ahí aguantados". 

Aunque, claro, hay excepciones: "Sólo cuando alguna de estas personas cae en desgracia con el chavismo se toman decisiones en su contra. De todo lo revisado, encontramos apenas cuatro casos de solicitudes de antejuicio que prosperaron". Se trata, explica, de las referidas al general de la Guardia Nacional Carlos Alfonso Martínez, de los ex gobernadores de Guárico y Yaracuy, Eduardo Manuitt y Carlos Giménez; y del diputado Wilmer Azuaje; "cuyo antejuicio de mérito fue resuelto en 24 horas". 

En contraste con la celeridad con la que despojaron de su inmunidad al incómodo diputado, Palacios apunta: "Hay casos gravísimos contra el Presidente, bien sustentados, que están archivados o dando vueltas en esa lavadora mientras pasa el tiempo y no toman decisiones, como el de malversación en el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, Fiem, que involucra 2,3 billones de bolívares de los viejos y sobre el que han hecho públicas tres decisiones con aspectos contradictorios". 

A estas alturas no se sabe cuántas peticiones de antejuicio contra Hugo Chávez circulan en el TSJ, pero sí se conoce el número de decisiones que, al respecto, han tomado los magistrados: son 68 desde el año 2000 y hasta enero de 2011. Y no es poca cosa. 68 es un número que Palacios considera un récord histórico: "Esto no es usual. Esas son las decisiones, pero las denuncias son muchas más. En ningún país donde funcione el Estado de derecho y se respeten las leyes se produce tal cantidad de denuncias contra un mandatario en ejercicio". 

De esas 68, 35 fueron declaradas inadmisibles y 30 desestimadas. Sobre las otras tres, una fue remitida a Fiscalía, otra a la Sala Plena y la restante se calificó como "no ha lugar". Las decisiones fueron tomadas por la Sala Plena (33) y el juzgado de sustanciación de la Sala Plena (35), instancia ésta en la que -por cierto- es el presidente del TSJ quien resuelve en solitario. 

En la lista elaborada por Palacios se cuentan 43 solicitantes distintos aunque algunos nombres se repiten. Los ciudadanos Akran El Nimer Abou Assi y Enrique Ochoa Antich encabezan los intentos con 7 y 5 respectivamente. Les siguen Antonio Ledezma, Oscar Pérez y Pablo Medina, con tres en cada caso. También reúne 21 tipos de delitos que -según los denunciantes- habrían sido cometidos por el mandatario, de los cuales destacan en el recuento "corrupción" (13 veces); "instigación a delinquir" (9); "abuso de poder" (9); "delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos" (7); "traición a la patria" (5) y "malversación" (5). 

El pasado fue el año en el que más decisiones tomó el TSJ en relación al Presidente Chávez: 27. En el 2000, fecha en que inicia este recuento, el TSJ decidió en dos ocasiones. 2004 tuvo el segundo mayor registro con 12 y 2006 el tercero con 10. En enero de 2011, ya sumaron otras 5. 

A cuenta de qué 

Además de estos aspectos cuantitativos el análisis del diputado Palacios le permite asomar algunas conclusiones: "Es cierto que hay denuncias con poca consistencia. O, mejor dicho, no muy bien planteadas. Pero al margen de esas cuestiones de forma, la cantidad de solicitudes de antejuicio de mérito evidencia que el Presidente, en su ejercicio autoritario del poder, ha tenido actuaciones y ha producido situaciones que han hecho sentir a mucha gente afectada, humillada, vejada y otras tantas en las que se percibe que ha actuado al margen de la ley". 

La revisión de las 68 decisiones arroja la existencia de un criterio común: que el antejuicio de mérito debe ser solicitado por la Fiscalía General de la República. Es decir, esa instancia recibe las denuncias de los ciudadanos (remitidas por el TSJ) y de allí, en todo caso, regresarían al TSJ. Con lo cual, apunta Palacios, ese despacho "actúa como una especie de filtro". 

Otro aspecto relevante tiene que ver con la "legitimidad" de quien denuncia: "El criterio es que la víctima es la persona perjudicada por un hecho y acude al tribunal a demandar justicia. Pero hay hechos que no atentan contra una persona en particular sino contra un colectivo y el TSJ está negando ese derecho desestimando la legitimidad de los denunciantes. Eso tiene que ser corregido". El diputado aporta un ejemplo: "En el caso de los adjetivos negativos contra la jueza María Lourdes Afiuni, lo que dijo Chávez no es solamente contra ella, es contra todos los jueces del país que quedan advertidos de lo que les puede pasar si toman decisiones contrarias a la voluntad del Gobierno". 

La denuncia por violaciones a los derechos humanos durante los sucesos del 11 de abril de 2002 es otro ejemplo. Los ciudadanos Mohamed Merhi y María Capote, junto a Catalina Palencia y José Palencia, Mary Arellano, Lisbeth Querales, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo presentaron ante el TSJ el 25 de junio de ese año la acusación por crímenes de lesa humanidad contra Chávez, el entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel y el entonces fiscal, Julián Isaías Rodríguez, por la muerte de 18 personas, entre ellos Jesús, el hijo de Merhi y Capote. 

En los argumentos del juzgado de sustanciación del TSJ para no admitir la denuncia resalta la consideración de que estas personas no pueden ser consideradas víctimas. Palacios se pregunta: "¿Cómo no van a estar legitimados los padres del muchacho al que mataron? ¿Acaso no son víctimas? Utilizan cualquier subterfugio´ para desestimar, arguyendo que los denunciantes no tienen legitimidad y que los hechos por los que se señala al Presidente Chávez nunca tienen carácter delictivo". 

De acuerdo al diputado, aquí funcionó la "lavadora": "Declaran el caso inadmisible y lo remiten a Fiscalía. Pero además el TSJ se permitió opinar sobre los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril, señalando como responsables a otras personas y eximiendo al Presidente y a los demás funcionarios de toda responsabilidad". 

En efecto, el juzgado de sustanciación redactó lo siguiente: "... mediante la implementación sistemática de un plan, iniciaron con la convocatoria el 10 de abril de 2002 a un paro general y a la ciudadanía a una importante marcha que partiría del Parque del Este hasta la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Chuao, pero que de forma premeditada fue luego dirigida hacia el Palacio de Miraflores, para solicitar la renuncia del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; plan que fue llevado a cabo en medio del desconocimiento de la autoridad del Primer Mandatario por parte de algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional, para luego privar ilegítimamente de su libertad al Presidente de la República e iniciar así el Golpe de Estado que continuó con la autojuramentación del ciudadano Pedro Carmona Estanga, como nuevo Presidente del gobierno de "Transición Democrática y Unidad Nacional" y la emisión de un írrito decreto para la disolución de los Poderes Públicos constituidos. Hechos que dejaron un lamentable número de personas fallecidas y heridas, entre las cuales posiblemente se encuentran los familiares de los peticionarios, hechos que como es del conocimiento público, están siendo investigados por los organismos competentes del Estado y, respecto de algunos imputados, juzgados por los tribunales ordinarios con la finalidad de determinar e imponer, en cada caso, las responsabilidades correspondientes". 

Vamos por ti 

El estudio de estos folios refleja, a juicio de Palacios, que "hay un manifiesto interés por desechar las denuncias". Y evidencia -asegura- que la aplicación de justicia no es igual para todos. Y en ocasiones luce "interesada": "Haifa El Aissami, hermana del ministro del Interior y Justicia, durante su trabajo como fiscal hizo al menos cuatro solicitudes de desestimación de denuncias. Por su parentesco con ese alto funcionario ha debido de abstenerse". 

Pero de esto se desprende un elemento aún más preocupante y que ya se asomaba en años anteriores. De las cinco decisiones publicadas por el TSJ en enero, en dos de ellas -con algunos votos salvados- se indica a la Fiscalía que abra averiguaciones contra los denunciantes tomando en consideración la posibilidad de que exista "falsedad" o "mala fe" con sustento en el Código Orgánico Procesal Penal. 

Antes de estos documentos, que se hicieron públicos el 12 de enero, en otras oportunidades el rechazo a la denuncia incluía la aclaratoria de que se informaría al Presidente para que considerara sus opciones de ejercer acciones legales contra los demandantes. Era, podría decirse, una sugerencia. 

Pero con estos dos casos -denuncias presentadas una por los dirigentes adecos Henry Ramos Allup y Rafael Marín (2002) y la otra por los militares Mario Iván Carratú y Pedro Vicente Soto (2004)- la Fiscalía queda encargada de voltear la tortilla: "... con la expresa indicación de que de estimarlo pertinente -de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales- inicie la averiguación penal correspondiente en contra de los denunciantes de autos, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 291 del Código Orgánico Procesal Penal". 

"Es evidente que el TSJ y el ministerio público se han transformado en una muralla para que los ciudadanos no concurran a denunciar a los funcionarios que abusan de su poder", acusa Palacios: "Con esto buscan generar terror". 

El magistrado Omar Mora Díaz fue el redactor de estos dos fallos que inauguran una nueva etapa en la aplicación de justicia: si no puedes probar lo que dices, de denunciante pasas a denunciado. De mala fe habla el 291. 

16 feb 2011

PALABRAS DE CONDOLENCIAS




SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL
 DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

El Presidente  y los de miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas, Afiliados y Afiliadas
de esta Organización Sindical

 Expresamos nuestro pesar
ante el sensible fallecimiento
de la Señora:


NELLY JOSEFINA HERNÁNDEZ DE MORÓN
(Q . E. P. D.)

Madre de nuestro compañero OSCAR EDWARD MORÓN HERNÁNDEZ, actual Secretario de Finanzas Nacional de esta Organización Sindical y Presidente del Comité Directivo de la Seccional Nacional de Trabajadores de Registros y Notarías Públicas del SUONTRAJ.


A sus hijos e hijas, nietos y nietas, familiares, deudos y amigos y amigas,
 le hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de
Condolencia y solidaridad, ante el dolor que produce
Tan sensible pérdida.

PAZ A SU ALMA


Caracas, 15 de Febrero de 2.011

15 feb 2011

NIEGAN DISCUSIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRIBUNALICIOS.

Trabajadores tienen miedo de reclamar debido a las amenazas
Juan Carlos Pérez D.- El director sindical de la Seccional Miranda del Sindicato Único de los Trabajadores de Administración de Justicia (Suontraj), Jonathan Calderón, denunció que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no quiere recibir ni atender a los miembros de este organismo gremial, para sentarse a discutir un contrato colectivo que ya va para los cuatro años de haberse vencido.
Aseguró que en infinidad de ocasiones han solicitado al órgano rector tribunalicio, reunirse para discutir el documento laboral que está vencido desde el año 2007. “En principio nos dijeron que no había presupuesto para discutir el contrato, y en los últimos meses ni siquiera hemos sido recibido”.
Con respecto a los salarios que perciben los trabajadores, dijo que tuvieron cuatro años sin recibir aumento, y no fue sino hasta septiembre del año pasado cuando percibieron un pírrico incremento de 10 %. “La banda que separa el salario de un asistente de tribunales del salario mínimo es de apenas Bs. 400”.
Calderón hizo un pequeño desglose de la escala de sueldos y salarios entre los trabadores del sistema de administración de justicia, y señaló que mientras un Asistente percibe cerca de Bs. 1800, un alguacil gana Bs.2300 y un secretario Bs.2880, mientras que los jueces reciben cerca de Bs.5200. Agregó que además les adeudan 48 días de utilidades del 2009 y 132 días del 2010.
Por último, hizo un llamado a sus compañeros de labores para que dejen a un lado la apatía y la desidia, así como el miedo y se unan a la lucha por las reivindicaciones laborales del sector./nh

11 feb 2011

Tribunalicios exigen firma de contrato colectivo




Trabajadores tribunalicios nos declaramos en descontento con el Poder Judicial, hay miedo en los empleados, pero tenemos que reclamar nuestros derechos, queremos saber quien tiene paralizada la Contratación Colectiva", aseguró Lourdes Flex, vocera regional del Sindicato Unitario Organizado de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj).
Flex asegura, que ya han agotado todas las instancias para solicitar el debate de la nueva contratación. "Acudimos al Ministerio del Trabajo para presentar el pliego conciliatorio y no conseguimos nada, ahora nos preparamos para introducir el pliego conflictivo, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni la Dirección Ejecutiva de la Magistratura hacen caso a nuestras peticiones, somos empleados públicos que requerimos respuestas del Ejecutivo nacional" destacó. Los miembros del Suontraj, instaron al Presidente de la República a solventar la problemática. "Solicitamos la asignación de recursos para nuestras reivindicaciones salariales"./as


10 feb 2011

LA ALIANZA SINDICAL INDEPENDIENTE Y EL SUONTRAJ MARCHARON EN MÉRIDA EXIGIENDO RESPETO A LA AUTONOMÍA SINDICAL


Con una decisión de alta motivación, distintos sectores merideños salieron este 9 de febrero a la calle, para marchar contra la indisposición del Gobierno de cumplir con los compromisos salariales y reivindicativos, de casi todos los funcionarios que prestan servicios en la administración pública. En el marco de la marcha convocada por el FRENTE AUTONOMO DE TRABAJADORES EN DEFENSA DELEMPLEO, EL SALARIO Y EL SINDICATO (FADESS) los sindicatos de los trabajadores del sector público y del sector privado marcharon exigiendo respeto a la autonomía sindical, aumentos general de sueldos y salarios y respeto a los derechos Humanos Sindicales.
La Alianza Sindical Independiente (ASI) y el SUONTRAJ participó de este evento, en el cual estuvo presente entre otros sindicalistas, el abogado Francisco Cermeño, Director Nacional de Derechos Humanos  de la ASI y Secretario de Cultura y Formación Nacional y Secretario de organización seccional del SUONTRAJ-MÉRIDA,  donde solicitaron elREENGANCHE inmediato de los trabajadores despedidos y el cumplimiento de las actas de REENGANCHE y el PAGO DE SALARIOS CAÍDOS para los sindicalistas que tienen Providencias Administrativas a su favor. Igualmente en el marco de propuestas delFRENTE AUTONOMO DE TRABAJADORES EN DEFENSA DELEMPLEO, EL SALARIO Y EL SINDICATO (FADESS) y laALIANZA SINDICAL INDEPENDIENTE (ASI) está la de exigir respeto y RECONOCIMIENTO al SUONTRAJ que en los actuales momentos casi todas su directiva nacional se encuentra despedida y se hace caso omiso al cumplimiento del Contrato Colectivo administrado por el sindicato.
Cabe destacar que en el sector judicial hace más de tres (03) años no se discute Convención Colectiva, el salario se ha precarizado, el servicio de Hospitalización Cirugía y Maternidad HCM, que en el sector tribunalicio se denomina FONDO AUTO-ADMINISTRADO DE SALUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (FASDEM)ha presentado profundas falencias como la falta de atención de los asegurados por falta de pago a las clínicas por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, retardos en la aprobación de las claves de emergencias, cartas aval y pago de reembolsos de gastos ambulatorios; suspensión del suministro de medicamentos desde diciembre de 2010 para el personal activo, jubilado y pensionado del poder judicial venezolano.
Es increíble que los trabajadores judiciales aún perciban 18 días por concepto de CESTA TICKET cuando en realidad deberían pagar los 30 días que se pagan en el sector público.